Quienes son los Culpables?

Por: Paul Vargas Jentzsch
¿Quién o quienes son los culpables de los lamentables acontecimientos suscitados en Bolivia en septiembre de 2008? Muchos buscarán la salida “filosófica” diciendo que “todos somos culpables…”.

Pero la verdad es que los culpables los podemos individualizar con facilidad recordando los acontecimientos sucedidos antes de ese horrible momento que vivimos. Recordemos pues lo ocurrido y hagamos un análisis de cada aspecto que se menciona.

Este último conflicto parece empezar una semana antes del Referéndum Revocatorio, cuando el domingo 3 de agosto de 2008 cívicos de cuatro regiones deciden una huelga de hambre so pretexto de reposición de recursos del IDH que habían sido destinados al pago de la Renta Dignidad. Ya de por sí era bastante sugestiva esta actitud, justo antes de un acto electoral al que, casualmente se oponían, deciden una medida de presión que iba incluso en contra del auto de buen gobierno que se dictaría el viernes 8 de septiembre como es costumbre en actos electorales.

El día 6 de septiembre ya hubo un adelanto de las intenciones de ciertos grupos cuando el Alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández declaraba “Pido a las Fuerzas Armadas tumbar al presidente de la República ”, pero como siempre sucedió, este tipo de declaraciones fueron fácilmente diluidas por los medios de comunicación.

Se llevó a cabo el Referendum revocatorio en el que el Presidente Morales obtuvo más del 67% de los votos, habiendo ganado en 95 de las 112 provincias en Bolivia. a la vez fueron tambien ratificados los Prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

Casi en simultáneo hablaron el Presidente Morales y el Prefecto Costas después de conocerse los resultados el mismo día del Referéndum. Por televisión se podía ver al Presidente Morales felicitando a los Prefectos que fueron ratificados y convocándolos a una reunión el día miércoles 13 de septiembre para hacer un pacto fiscal y lograr acuerdos sobre la nueva Constitución. En simultáneo, el Prefecto Costas decía "este Gobierno insensible, totalitario, masista, incapaz, le niega el desarrollo al pueblo y sólo busca concentrar el poder y convertirnos en mendigo de él. Sigue siendo un pretexto de la dictadura masista el atender a los ancianos con el IDH, la verdadera intención es destruir la autonomía departamental", todo un discurso incendiario que demostró ánimo de confrontación cuando lo completó diciendo "lo confiscado por el neopopulismo masista debe ser recuperado y eso no se negocia" y anunciando su intención de crear instituciones paralelas a las nacionales en lo referido a la Policía y a la Recaudación de Impuestos, situación claramente inconstitucional.

Obviamente el Prefecto Costas no asistió a la reunión argumentando motivos de salud, nada más lejos de la verdad porque mientras se llevaba a cabo la reunión en Santa Cruz, él firmaba una “Ley Departamental” para elegir “subgobernadores”. De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) en vigencia la única instancia que puede aprobar Leyes es el Congreso Nacional y no existen los “subgobernadores. Entendámoslo, no solo que Costas se negó al diálogo sino que además se permitió una nueva violación a la CPE.

Por supuesto, los Prefectos opositores de Pando, Beni y Tarija solo fueron a la reunión para hacerse fotografiar, pues se mantuvieron intransigentes sobre el tema IDH.

Unos días después, el 15 de agosto, grupos de discapacitados decidieron la toma de instituciones públicas, por supuesto, recibieron el apoyo de la “famosa” Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Donde llega la UJC hay violencia, es una realidad que ya nadie puede negar, y aquel día no fue la excepción. Hubo gasificaciones, heridos de por medio y hasta agresiones al mismo Comandante de la Policía , Wilge Obleas cuando intentaron tomar el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz. Este no puede considerarse como un hecho casual pues el mismo día 10 de agosto el Prefecto Costas había manifestado su intención de crear una Policía Departamental, obviamente, relegando a la Nacional , ¿qué mejor forma que empezar a llevarlo a cabo que tomando las instalaciones del Comando Departamental? Lejos de condenar los intentos vandálicos de intentar tomar instalaciones policiales y la agresión al mismo Comandante de la Policía , el Prefecto Costas lanzó otra seguidilla de insultos al Primer mandatario de la Nación , dijo entre otras cosas “criminal y excelentísimo asesino Presidente de los bolivianos”. Pues ya no era de extrañarse los insultos de este personaje pues tiempo atrás había llamado “macaco” al Presidente Venezolano, por suerte no hubo un conflicto internacional como consecuencia.

Este acto de intento de toma del Comando Departamental de la Policía dio pie para que el Prefecto lanzara otra agresión a la CPE y las Leyes cuando dijo que no reconocería a un Comandante designado por Gobierno Central.

Las medidas de presión so pretexto de la reposición de recursos de IDH iban a aumentar y es así que cívicos y Prefectos de la mal llamada media luna hicieron un paro el 19 de agosto, el mismo que tuvo las connotaciones violentas características de la UJC.

Lo curioso es que el Prefecto Costas se negó a reunirse con el Presidente Morales, pero sí pudo reunirse con el Embajador de los EEUU. El día 25 de agosto la prensa informó sobre una reunión de hora y media entre Rubén Costas y Philip Goldberg en Santa Cruz, nunca se supo lo que hablaron. No deja de llamar la atención esta reunión porque para tratar asuntos con Embajadores está el Canciller o deben de hacerse vía Cancillería, ¿qué tenía que hablar con Costas y que ni siquiera se mencionó una palabra a la prensa?

El 28 de agosto el Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 29691, calificado por la oposición como “Decretazo”, en el que pone fecha a un Referéndum dirimitorio y constitucional sobre la nueva Constitución Política del Estado; la selección de los prefectos de La Paz y Cochabamba; la elección de subprefectos y consejeros departamentales para los nueve departamentos del país. La protesta por parte de los dirigentes de la mal llamada media luna no se dejó esperar, aseguraron que se trataría de imponer una Constitución. A menos que las reglas gramaticales y los significados de las palabras en el idioma castellano hayan sido modificados por la Real Academia en forma notable, no se entiende como es que una “consulta” (referéndum) se puede interpretar como “imposición”.

Aparentemente la reunión con el Embajador Golberg no fue casual y a partir de esa fecha los grupos opositores se envalentonaron. Cívicos y Prefectos juntaron tres temas a ser exigidos: 1) reposición del recorte al IDH, 2) Reconocimiento a los Estatutos Autonómicos, 3) y la no realización de un Referéndum Constitucional, y desafiaron al Gobierno. Ya se empezaron a anticipar radicalización en medidas como bloqueos de carreteras y toma de instituciones públicas así como campos petroleros.

Camiri pide unionistas al prefecto Costas para “aplicar la autonomia”

Fuente de la imagen ( http://www.comunicabolivia.com )

Es por esa razón que el Gobierno emitió un Decreto Supremo en el que estableció que en caso de que prefecturas y municipios participaran en la promoción de ataques de destrucción o daño económico a instalaciones gasíferas o petroleras, además de otros bienes del Estado, habría un débito inmediato y automático a aquellas reparticiones, eso para salvaguardar el patrimonio público. Tiempo después quedaría demostrado que eso no importó y que igual se fomentaría la destrucción del bien público.

En sí, las tres exigencias eran o sin sentido o sencillamente inadmisibles. La reposición de recursos del IDH no tenía sentido pues las Prefecturas disponían de dinero suficiente y en exceso para sus proyectos. Un dato que presentó el Ministerio de Hacienda y que no pudo ser refutado, fue que las Prefecturas recibieron en dos años y medio más dinero que en los doce años anteriores a la administración del Presidente Morales. Por otro lado, se demostró con números que las Prefecturas habían tenido una pobrísima ejecución presupuestaria en lo referido a los recursos del IDH. En fecha 27 de agosto, el Ministerio de Hacienda informó que de los 123 millones de bolivianos que había recibido el Departamento de Beni, hasta esa fecha no se había ejecutado el 3%, es decir, entrando al noveno mes la Prefectura beniana casi no había gastado el dinero que le fue entregado, ¿para qué quería más? ¿en que gastaría en los próximos cuatro meses si no se utilizó el dinero en ocho meses anteriores? ¿Compraría autos de lujo como el revocado Prefecto Reyes Villa? Quedó claro que el problema no era dinero.

¿Reconocimiento a los Estatutos Autonómicos? Algo que el Presidente no podía ni puede hacer. En enero de 2006, cuando fue posesionado el Presidente Morales, éste juró “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes…”; pues bien, en la CPE en vigencia no existe el régimen de Autonomías Departamentales, peor aún los Estatutos Autonómicos, por lo tanto, reconocer estos documentos implicaría la violación de decenas de artículos de la CPE en vigencia. ¿Cómo se le puede pedir al Presidente que vaya en contra de su juramento?

La única alternativa para lograr darle rango constitucional a los Estatutos es incorporándolos en la CPE , pero esto solo podía lograrse aprobando el Proyecto de CPE aprobado en detalle en Oruro por dos tercios de voto de los presentes (tal como manda el artículo 25 de la Ley Convocatoria a la Asamblea Constituyente ). Pero a eso también se oponían… el resultado era un callejón sin salida. La única opción viable era dejar que el pueblo decida con su voto, cosa por demás razonable porque en momentos de duda sobre temas muy delicados es lógico que se debe recurrir al “soberano”.

Días después de emitido el Decreto, la Corte Nacional Electoral se pronunció y decidió paralizar el Referéndum Constitucional argumentando que era necesaria una Ley aprobada en el Congreso Nacional para llevarlo a cabo. Esa explicación, en principio no fue suficiente para el Gobierno pero decidió aceptarla e impulsar una Ley en el Congreso. Al mismo tiempo, organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) proponían el 3 de septiembre la recolección de firmas para lograr un Referendum por Iniciativa Popular (una de las posibilidades establecidas por la Ley de Referendum).

Parecía que con este hecho los dirigentes opositores ablandarían sus posiciones y buscarían el dialogo que pedía el Gobierno desde el 10 de agosto y antes de esa fecha. Pero sucedió todo lo contrario; ya el 4 de septiembre se informaba de que grupos vandálicos incendiaron la casa de un dirigente de la COD en Santa Cruz, Lucio Vedia. A partir de ese momento la violencia fue en crecimiento… empezaron con agresiones a civiles y continuaron con la toma violenta de instituciones en cuatro departamentos. La policía y efectivos militares tenían la orden de no utilizar su armamento y eso fue muy bien aprovechado para que estos fueran brutalmente agredidos y se consumara la ocupación de instalaciones del Estado. Ni la Defensoría del Pueblo ni las instalaciones de radio y televisión se salvaron.

Saqueo a ENTEL fuente de la Imagen (Telesur)

La Empresa Nacional de Telecomincaciones (ENTEL) reportó que los daños y saqueos significaron una pérdida de 20 millones de bolivianos. Luego se destruiría un gasoducto, causándose pérdidas estimadas en 100 millones dólares por reducción de volúmenes exportación y consiguientes multas.

Quema y saqueo de ENTEL. Fuente de la Imagen ( ABI, ERBOL )

Robo y quema de accesorios Varios. Fuente de la Imagen (El deber)

Quema y saqueo oficinas del INRA Fuente de la imagen ( El deber )

Destrucción y saqueo de numerosos bienes del estado ( ABI, ERBOL )

Los daños materiales fomentados desde instituciones cívicas y Prefecturas fueron millonarios pero el hecho más dramático se produjo el 11 de septiembre, cuando campesinos afines al Gobierno fueron emboscados y asesinados por disparos de arma de fuego. Los testimonios de sobrevivientes son escalofriantes. La evidencia apuntaba al Prefecto Leopoldo Fernández, al que algunos no dudaron en apodar como “Cacique de la muerte”.

El viernes 12 de septiembre el Gobierno dictó el Estado de Sitio que debió haber dictado al menos tres días antes y recuperó el control del aeropuerto de Cobija por medio de una intervención militar. Muchos opositores utilizaron este hecho para argumentar que se trata de una acción “dictatorial”, situación que está alejada de la verdad. Los artículos 111 al 115 de la CPE en vigencia facultan al Poder Ejecutivo (Presidente y Ministros) a dictar un Estado de Sitio en situaciones de convulsión interna, y este Estado de Sitio viene acompañado de un Auto de Buen Gobierno, que son un conjunto de restricciones referidas a la circulación de las personas y reuniones de las mismas además de otros aspectos lógicos que tienen por objetivo mantener el orden. A continuación se presenta partes importantes de la CPE que respaldan la actuación del Gobierno, a juicio del que escribe, tardía:

Fuente de la imagen ( http://www.comunidadboliviana.com.ar/ )

Artículo 111º.

I. En los casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional el Jefe del Poder ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuere necesario.

Artículo 112º. La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos:

1º. El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y llamar al servicio las reservas que estime necesarias.

2º. Podrá imponer la anticipación de contribuciones y rentas estatales que fueren indispensables, así como negociar y exigir empréstitos siempre que los recursos ordinarios fuesen insuficientes. En los casos de empréstito forzoso el Ejecutivo asignará las cuotas y las distribuirá entre los contribuyentes conforme a su capacidad económica.

3º. Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán suspensos de hecho y en general con la sola declaración del estado de sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público, de acuerdo a lo que establecen los siguientes párrafos.

4º. Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, pero en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas los pondrá a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que hubiesen motivado el arresto. Si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de los sindicados, podrá ordenarse su confinamiento a una capital de Departamento o de Provincia que no sea malsana. Queda prohibido el destierro por motivos políticos; pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos, que pida pasaporte para el exterior, no podrá serle negado por causa alguna debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias al efecto.

5º. Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea el estado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber cumplido órdenes superiores.

El 15 de septiembre, el Fiscal General de la República oficializó el inicio de una investigación y proceso al entonces Prefecto Fernández. Se supo de detenciones y confiscación de armamento de uso militar en poder de civiles. No tardaría en detenerse al que fuera el Prefecto de Pando para trasladarlo a La Paz. Se confinaron a varios dirigentes y poco a poco retornó la paz a Pando.

A criterio del que escribe, en principio no había motivo alguno para llevar a cabo semejante ola de violencia, es fundada las razones que permiten sospechar del Embajador de EEUU en Bolivia y que ocasionaron su expulsión del país. Es preciso recordar que el Sr. Golberg trabajó desde el año 1994 hasta 1996 en Bosnia junto al Embajador Richard Holbrooke, quien fue el estratega de la desintegración de Yugoslavia (Periódico “Mirada al Sur” de 14 de septiembre de 2008). Aparentemente esa extraña reunión con Rubén Costas algo tuvo que ver con los acontecimientos ocurridos un par de semanas después.

Los indicios y la evidencia parecen confirmar lo dicho por el Gobierno, que se organizó un Golpe Cívico-Prefectural con el objetivo claro de derrocar al Presidente que un mes antes de aquellos censurables acontecimientos logró el mayor apoyo en las urnas de toda la historia de Bolivia.